Se trata de la UNE-CEN ISO/TS 27687:2010 “Nanotecnologías. Terminología y definiciones para nano-objetos. Nanopartícula, nanofibra y nanoplaca”.

El pasado 24 de febrero se ha publicado la primera norma UNE sobre nanotecnologías, la cual se corresponde con la adopción de la especificación técnica de ISO sobre terminología y definiciones para nano-objetos. Esta norma, elaborada en el comité técnico internacional ISO/TC 229 con la contribución española generada en el órgano de normalización de AENOR, AEN/GET 15 “Nanotecnologías”, lista términos y definiciones relativas a partículas en el campo de las nanotecnologías y trata de facilitar la comunicación entre organizaciones e individuos en la industria y con aquellos con quienes interactúan. Se trata del primer documento normativo publicado por ISO sobre terminología y definiciones en el campo de las nanotecnologías, del total de 8 que componen la serie ISO 80004, actualmente en proceso de elaboración:

• Part 1: Core terms
• Part 2: Nano-objects: Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
• Part 3: Carbon nano-objects
• Part 4: Nanostructured materials
• Part 5: Bio/nano interface
• Part 6: Nanoscale measurement and instrumentation
• Part 7: Medical, health and personal care applications
• Part 8: Nanomanufacturing processes

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La nueva ley estatal de salud pública ha de sustanciar la reforma de la salud pública. El texto legal debería abrir paso a la modernización y a la adaptación de las estructuras de salud pública a las nuevas necesidades. Se precisa un concepto más amplio de salud pública y una redefinición de sus funciones y servicios básicos. La creación de una Agencia Española de Salud Pública y de un Consejo de Salud Pública, la elaboración de una Estrategia Española de Salud Pública y la reforma de la formación de los profesionales, son algunas de las principales recomendaciones para la futura ley.

Gac Sanit 2010;24(01):89-94 (PDF).

• Aislamiento domiciliario. Este protocolo tiene el objetivo de servir de guía para aquellas CCAA que, por su organización sanitaria, decidan aplicar medidas de aislamiento domiciliario. Esta medida siempre deberá basarse en criterios clínicos y valorar las circunstancias del entorno sanitario y social (PDF).
• Control de la infección en centros sanitarios. Este protocolo tiene el objetivo de servir de guía para las CCAA en la aplicación de medidas para el control de la infección en sus centros sanitarios.
  Se deben de mantener las medidas de precaución estándar, de contacto y de transmisión respiratoria por gotas. La protección de las mucosas nasofaríngea y conjuntiva y la higiene de manos son los dos elementos claves para el control de la infección y deben ser priorizados (PDF).
• Definición de caso humano (PDF).
• Protocolo de actuación (PDF).
• Control de la infección en centros educativos (PDF).
• Recomendaciones a la población general sobre el uso de mascarillas (PDF).
• Normas para la toma y envío de muestras (PDF).

Las evaluaciones efectuadas tanto a escala de la Unión Europea en el marco del Programa CAFE como las llevadas a cabo en España por parte de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa en vigor, ponen de manifiesto que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el pasado, aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos.

Numerosos estudios realizados en Europa sobre contaminación atmosférica y salud muestran que importantes sectores de la población se encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que existe una asociación significativa entre los indicadores de contaminación atmosférica y salud: los efectos que se han relacionado con la exposición a la contaminación atmosférica son diversos y de distinta severidad, entre ellos destacan los efectos sobre el sistema respiratorio y el cardiovascular y además son concluyentes en cuanto a que la contaminación atmosférica continua siendo un riesgo para la salud de los ciudadanos de Europa.

Esta misma conclusión figura en la Estrategia Temática de Contaminación del Aire recientemente aprobada por la Comisión Europea, para cumplir el mandato establecido en el Sexto Programa de Acción Ambiental en el que se fija como objetivo “alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana o el medio ambiente”.

Aunque en las dos últimas décadas ha habido mejoras en lo que se refiere a ciertos contaminantes (fundamentalmente dióxido de azufre) persisten concentraciones elevadas de otros, como son el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, así como episodios de contaminación por ozono troposférico en el período estival.

Las zonas donde pueden existir los mayores niveles de contaminación son áreas industriales concretas y, en especial, las grandes ciudades donde las emisiones del tráfico de vehículos son las principales responsables de la contaminación.

En concreto, en el caso de España, las evaluaciones de la calidad del aire demuestran que nuestros principales problemas son similares a otros países europeos, aunque en algunos casos agravados por nuestras especiales condiciones meteorológicas (mayor radiación solar que favorece la contaminación fotoquímica y, por tanto, la formación de ozono, la resuspensión de partículas por escasez de lluvia, etc.) y geográficas (episodios de intrusiones de partículas de origen sahariano).

En este contexto se hace necesario impulsar una Estrategia Española de Calidad del Aire cuyo objetivo sea lograr avanzar hacia la meta señalada en el Sexto Programa. Se trata de una estrategia que permita satisfacer los objetivos de calidad comunitarios y a la par posibilite que España pueda cumplir los compromisos asumidos, en particular los relativos a los techos nacionales de emisión y a los Protocolos del Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia.

Para cumplir su cometido la estrategia está planteada desde un enfoque integrador que considera que el logro de los objetivos sólo puede alcanzarse por un efecto acumulativo de las medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas, conjuntamente con las que se pongan en marcha en el ámbito de la UE y de los diferentes convenios internacionales.

Este enfoque integrador también determina que la estrategia no se centre en una u otra fuente de contaminación, sino que aspire a abordar de manera integral todas las que tengan relevancia ya sean puntuales o difusas.

Como consecuencia de este enfoque integrador e integral la estrategia no tiene una vocación estática sino que aspira a ser un instrumento dinámico que, a tenor de los problemas de calidad del aire que se vayan detectando en las evaluaciones periódicas, sea capaz de ir dando adecuada respuesta a través de la suma de las medidas que las administraciones competentes deban ir articulando en el tiempo.

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Desde la publicación del Informe Técnico titulado “Campos Electromagnéticos y Salud Pública” (mayo de 2001), elaborado por este Comité de Expertos Independiente (CEIN) se han producido diversos pronunciamientos de instituciones de reconocido prestigio sobre los campos electromagnéticos (CEM). También se ha ampliado la evidencia científica sobre la respuesta biológica a CEM ambientales. Al mismo tiempo, se han desarrollado campañas dirigidas a la medición de límites de emisión de emisoras de radio, televisión y de estaciones base de telefonía que han tenido un indudable impacto social.

Ante estas nuevas iniciativas y la continua publicación de noticias en los medios de comunicación social, el CEIN ha considerado que podía ser útil la elaboración de un documento que recoja su opinión sobre las novedades que se están produciendo respecto a este tema.

Con este objetivo, el CEIN, coordinado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha reunido en varias ocasiones y ha elaborado el presente documento. Al igual que en su informe anterior, el CEIN dedica este texto fundamentalmente a la valoración de los posibles efectos de los campos electromagnéticos a los que pueda verse expuesta la población en general. Sin embargo, dado el interés creciente sobre la respuesta humana a señales electromagnéticas específicas que no son típicas de entornos públicos o residenciales, el presente documento incluye un apartado que describe el estado actual de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la exposición de los trabajadores a CEM.

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El Plan establece las medidas necesarias para reducir los efectos asociados a las olas de calor. Señala las instituciones de la administración del Estado implicadas en la ejecución del Plan. Define la estructura de coordinación que tiene, entre otras, las funciones de activar los niveles de intervención en coordinación con las Comunidades Autónomas teniendo en cuanta los marcos competenciales. Así mismo recomienda las acciones que en esta materia puedan ser realizadas por las CCAA y la Administración Local.

El plan incluye un sistema de información y vigilancia sanitaria y ambiental que se activara cada año entre el 1 de junio y el 1 de Octubre de cada año. Con desagregación provincial se elabora un índice de alerta de ola de calor para los cinco días posteriores, lo que permite activar los diferentes niveles del Plan:

• Nivel 0 (verde): Información y vigilancia.
• Nivel 1 (Amarillo): Alerta de riesgo
• Nivel 2 (rojo):Medidas de intervención

La vigilancia sanitaria esta basada en los sistemas de información existentes de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias y en la vigilancia de la mortalidad diaria.

El plan aborda la comunicación e información a la población a través de una campaña en los medios de comunicación y folletos informativos; y la elaboración de protocolos de información para profesionales que permita la identificación y atención de las personas más vulnerables. Por ultimo se recogen los mecanismos de coordinación con las Consejerías de Sanidad y Servicios sociales de las CCAA, los Ministerios de Interior (protección civil), Medio Ambiente (Instituto Nacional de Meteorología…) y Justicia, las organizaciones Cruz Roja española, Cáritas Española, Federación Española de Municipios y Provincias y los medios de Comunicación públicos y privados.

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Al igual que en el resto de los países europeos, en España se ha registrado en los últimos años un incremento en la preocupación de los ciudadanos hacia cuestiones relacionadas con eventuales efectos nocivos derivados de la exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos (CEM). Esta sensibilidad, que ha dado lugar a una percepción desmesurada de los pretendidos riesgos de dichas exposiciones, ha sido alimentada por informaciones alarmantes procedentes de fuentes no debidamente acreditadas y no siempre exentas de intereses político-económicos. El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) tiene la responsabilidad de velar por la salud pública, identificando riesgos potenciales y desarrollando estrategias coordinadas para proteger la salud de la población. En materia de CEM ambientales es necesario determinar qué condiciones de exposición podrían comprometer la salud o el bienestar de la población, y en qué grado lo harían. Sea como fuere, el ejercicio de las citadas funciones del MSC pasan por la obtención, y posterior difusión, de la información más ecuánime y completa que pueda alcanzar con los medios de que dispone.

Así entienden también sus responsabilidades las autoridades sanitarias internacionales. Estas coinciden en identificar como fundamental y prioritaria la necesidad de recabar de expertos independientes información completa y fidedigna sobre los eventuales efectos nocivos de los CEM ambientales, y poner dicha información a disposición del público y de los técnicos responsables de la toma de decisiones en la materia. Siguiendo esta filosofía el Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral (Dirección General de Salud Pública y Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo) convocó a un Comité pluridisciplinar de expertos independientes, de reconocido prestigio nacional e internacional. Los objetivos del Comité fueron los
siguientes:

• Realizar una evaluación de la evidencia científica acerca de los potenciales efectos de los CEM sobre la salud.
• Valorar si la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (RCMSUE) era suficiente para garantizar la salud de la población.
• Elaborar las recomendaciones necesarias para que el Ministerio de Sanidad y Consumo adopte las medidas más eficaces de protección sanitaria.

El resultado de dicha evaluación se ha reflejado en este documento consensuado por todos lo miembros del Comité, que contiene,
además, un apartado de recomendaciones dirigidas a procurar una máxima protección de la salud pública. El texto se ha redactado en un lenguaje asequible y divulgativo dentro de los límites impuestos por el rigor científico exigido a este tipo de documentos. Esperamos que este trabajo sirva de base para la adopción de estrategias y toma de decisiones relativas a la protección de los ciudadanos ante exposiciones a CEM.

El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce que la labor que se encomienda al Comité de Expertos demanda de cada uno de ellos la adopción de decisiones en una materia de salud pública difícil de abordar, tanto por sus implicaciones políticas, éticas, sociales y económicas como por el hecho reconocido de que la evidencia científica existente es todavía incompleta. Esta labor requiere un esfuerzo por parte de los miembros del Comité que va más allá de lo que es estrictamente exigible a científicos e investigadores que, en su mayoría, están exentos habitualmente de responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos. Los miembros del Comité aceptaron la misión que se les encomendó y se comprometieron a llevar a cabo la redacción de un documento conjunto, haciendo el mejor uso posible de su conocimiento y experiencia en la materia, y esforzándose en hacer confluir opiniones y puntos de vista divergentes, por venir de especialistas en disciplinas heterogéneas.

El Comité de Expertos desea hacer constar que la presente evaluación del riesgo, y las recomendaciones recogidas en este documento, se basan en una revisión de la evidencia científica existente en la actualidad. En el presente se están llevando a cabo varios estudios cuyos resultados, todavía no disponibles, pudieran ser de relevancia en materia de CEM y salud pública. En consecuencia, el presente documento no debe ser interpretado como un texto cerrado, sino que, por el contrario, ha de mantenerse abierto a subsecuentes revisiones, en las que la evidencia científica se evaluará a la luz de datos nuevos obtenidos de estudios no concluidos o no iniciados en la actualidad.

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